Presentaron la "Ley Cazzu" para suspender la responsabilidad parental en casos de incumplimiento
El Congreso recibió el pasado 30 de marzo un proyecto de ley que propone suspender de manera provisoria la responsabilidad parental en casos de incumplimiento, con el objetivo de evitar que la falta de acuerdo entre progenitores afecte decisiones clave en la vida de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, conocida como “Ley Cazzu”, fue presentada por el senador Carlos Linares junto a la organización Abogadas Feministas AMBA. El planteo apunta a modificar el Código Civil y Comercial para permitir una intervención judicial rápida en situaciones concretas donde uno de los progenitores incumple con sus deberes.
Según el texto, la medida podría aplicarse cuando se registre la falta de pago de al menos tres cuotas alimentarias consecutivas —o seis alternadas— o ante una ausencia sostenida, ya sea presencial o virtual, durante un período mínimo de tres meses. En esos casos, el progenitor que tiene a su cargo el cuidado efectivo podría tomar decisiones sin depender de la autorización de quien no cumple, como permisos para salir del país, trámites administrativos, cuestiones educativas o tratamientos de salud.
Desde la organización impulsora aclararon que no se trata de una quita definitiva de derechos, sino de una herramienta temporal frente a situaciones de incumplimiento grave. “El Estado debe contar con herramientas eficaces para evitar que esa titularidad formal se transforme en una barrera para el desarrollo de los hijos”, señalaron.
El proyecto tomó relevancia pública a partir del caso de la artista Cazzu, nombre artístico de Julieta Cazzuchelli, quien expuso un conflicto con su expareja, el cantante Christian Nodal, vinculado a la autorización para viajar con su hija. Tras la separación en 2024, la falta de acuerdo entre ambos derivó en trabas legales para que la niña pudiera salir del país. En ese contexto, la cantante relató una situación ocurrida durante una mediación: “Ese hombre me miró a los ojos y me dijo: ‘tenemos el control sobre vos y tu hija’”.
El debate también tiene antecedentes en el plano internacional. En México, la diputada Sandra Arreola Ruiz presentó una iniciativa similar en el estado de Michoacán, con eje en el interés superior del niño frente a situaciones de incumplimiento parental. “La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control”, sostuvo la legisladora.
Entre los fundamentos del proyecto en Argentina se incluyen datos que reflejan la magnitud del problema. El 16% de los hogares son monoparentales y más de ocho de cada diez están encabezados por mujeres. Más de tres millones de niños, niñas y adolescentes viven en hogares monomarentales. Además, más de la mitad de las madres no recibe cuota alimentaria cuando el padre no convive, y si se suman los casos de pagos irregulares, el porcentaje asciende al 68%. En la provincia de Buenos Aires, el 66,5% no percibe aportes o los recibe de manera esporádica.
La iniciativa también pone el foco en prácticas como la obstrucción parental, cuando se utilizan derechos formales para bloquear decisiones, y la violencia vicaria, en la que los hijos son utilizados como herramienta de control.
Actualmente, el Código Civil y Comercial establece la responsabilidad parental como un conjunto de derechos y deberes orientados al cuidado y desarrollo de los hijos, con un esquema de corresponsabilidad. Sin embargo, los impulsores del proyecto advirtieron que en la práctica ese modelo convive con incumplimientos sostenidos en la manutención, el cuidado y el vínculo, lo que genera conflictos que terminan afectando la vida cotidiana de los menores.
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