Bruselas puede frenar el polémico decretazo antitabaco de Mónica García tras las quejas de ocho gobiernos europeos

El Ministerio de Sanidad avanza con su plan para restringir el tabaco y productos de nicotina mediante decreto, pero enfrenta advertencias de que la Comisión Europea podría intervenir. La ministra Mónica García ha sugerido que el texto podría convertirse en una ley, ya que tramitarlo por decreto podría violar el derecho comunitario al evitar el Parlamento. Bruselas podría iniciar un procedimiento de infracción si considera que el decreto afecta al mercado interior, proceso que incluiría una carta de emplazamiento, un dictamen motivado y, en última instancia, una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El proyecto de García incluye medidas como el envase genérico, la prohibición de aromas en el vapeo y un límite máximo de 0,99 mg en bolsas de nicotina, muy inferior a la media europea (6 mg). Esto ha generado rechazo en ocho países, como Suecia, Rumanía y Chequia, que presentaron objeciones técnicas a través del sistema TRIS, bloqueando temporalmente el decreto hasta el 28 de julio.

El conflicto refleja la tensión entre salud pública y libre circulación de mercancías en la UE. Suecia defiende los productos de nicotina sin combustión como herramienta de reducción de daños, mientras España y Francia promueven restricciones estrictas. La Comisión Europea, próxima a revisar las directivas de tabaco e impuestos especiales, enfrenta presiones para armonizar normas sin prohibiciones generalizadas.

Además, el caso evidencia el uso excesivo de decretos-ley en España bajo el Gobierno de Sánchez, criticado por organismos como la CEOE y la propia Comisión Europea por socavar la seguridad jurídica. Si Sanidad se ve obligado a tramitar la norma como ley, el Congreso recuperaría su rol en el debate político, algo que García ha evitado.

La situación pone en juego no solo la política antitabaco, sino también el equilibrio institucional de la UE. Una intervención de Bruselas podría forzar a España a rectificar, y el 28 de julio será clave para determinar si el decreto sigue adelante o debe reformularse bajo supervisión europea.